Para el pensamiento conservador chileno, el tema mapuche está muy lejos de ser un contenido de menor importancia - variados trabajos exhibe en tal sentido- el Centro de Estudios Libertad y Desarrollo en el transcurso de estos años. En julio del 2002, Ena Von Bauer, describe el trasfondo del problema de un modo particularmente interesante, porque expone de modo descarnado, elementos como la discriminación, la situación de pobreza, la reivindicación de tierras, etc.
Sin embargo, a pesar del reconocimiento de la problemática, las soluciones se dan dentro de una perspectiva que a final de cuentas tiende a profundizar las diferencias, porque se encuadran como era de esperar dentro de la lógica del mercado.
Para esta investigadora, los elementos que debieran dar una solución a la crisis, pasan por lograr cambios profundos en la ley indígena, ya que el enfoque que la concertación ha dado al problema, radica en el eje cultural centrado en “el factor tierras ancestrales”.
La ley indígena, no permitiría la libre disposición de la tierra, por tanto se lesiona el derecho de las personas, según la investigadora, obligándolas a asumir una responsabilidad cultural, que el Estado no debiera exigir.
Un segundo elemento que suma a la discusión, tiene su origen con la preservación de la cultura mapuche, porque evidentemente la historia no pasa en vano y es necesario llegar a un acuerdo sobre el punto.
Aquí, nuevamente los dardos apuntan sobre el tema del territorio y la ligazón intrínseca que se produce entre tierra y patrimonio cultural mapuche, eso para la investigadora, es un elemento de discusión.
Un tercer aspecto, es la imposición del Estado de Derecho, que se entiende para dicha profesional del siguiente modo “Por lo tanto, es deber del Estado reestablecer el clima de paz en la novena región. Si el Gobierno no reacciona será responsable de una posible espiral de violencia en la Araucanía”. (La Cuestión Mapuche Raíces, Situación Actual Y Desafíos Futuros, 15 de julio del 2002, Ena Von Baer)
El informe elaborado por la comisión del senado, durante el año 2003, frente al conflicto mapuche, determina entre otras cosas la necesidad de restablecer el orden y la seguridad, en la región de la Araucanía, como tema prioritario para el Estado. La Comisión manifiesta su "profunda preocupación por la grave alteración a la vigencia del principio de seguridad jurídica en las regiones del Bío- Bío y la Araucanía con motivo de las acciones reiteradas de violencia cometidas por algunas organizaciones mapuches en perjuicio de sus habitantes, particularmente en las zonas rurales, quienes viven atemorizados de ser víctimas de hechos delictuales de igual naturaleza, sin contar con el amparo oportuno que les garantice su seguridad y la protección de sus familias".(Amenazas, Incendios, Siembras bajo protección Policial = ¿Estado de Derecho?, 4 de agosto de 2003, Libertad y Desarrollo).
En junio de 2005, en el contexto de una ataque perpetrado por la Coordinadora Arauco Malleco, al agricultor Jorge Luchsinger, la investigadora de Libertad y Desarrollo Ena Von Bauer, vuelve a recalcar los alcances del informe de la comisión del senado, frente a la problemática de las comunidades en conflicto “El Estado tiene el monopolio del uso legítimo de la fuerza, y tal como lo señalara en su momento la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, tiene la obligación de garantizar la seguridad de los ciudadanos. A esto se suma que los hechos violentos tienen innegables efectos sobre el desarrollo económico de las zonas afectadas".
La presión, que trajo como consecuencia, lo que la propia estudiosa ratifica en su artículo, al afirmar que el gobierno de manera correcta, había cambiado su política de entrega de tierras, a cambio de la paz social, optando por hacerse parte en la querella de quienes atentan contra el Estado de Derecho, generando con ello un número indeterminado de detenidos, especialmente vinculados a la Coordinadora Arauco Malleco, algunos de ellos en dramática huelga de hambre hasta hoy.
El Mercurio del domingo 13 de enero de 2008, ubica caprichosamente, en su cuerpo económico, las demandas del sector empresarial de la región de la Araucanía, esbozadas en el contexto de un joven estudiante mapuche asesinado, la huelga de hambre de un grupo de presos políticos mapuches, la presión internacional de los organismos de Derechos Humanos, que dejan muy dañada la imagen de la presidenta Bachelet, en el exterior.
El empresariado en su conjunto, expone entonces lo que espera del gobierno, en primer lugar pide mejorar la infraestructura de caminos que permita un doble objetivo, facilitar el traslado de productos y suministrar un fácil acceso a los organismos represivos del Estado.
En segundo lugar, proponen una mayor autonomía de las autoridades regionales, fáciles de presionar bajo esa premisa, téngase presente, las negociaciones sobre el tema forestal y las decisiones erráticas de las autoridades, que tuvieron como consecuencia, el asesinato del obrero forestal Rodrigo Cisterna.
Un tercer aspecto, es la revisión de la ley indígena, en especial el punto de la prohibición de venta de territorios catalogados como culturalmente protegidos, especialmente si se trata de espacios urbanos.
Requieren además, seguridad en los caminos, o sea, la presencia policial permanente en la zona de conflicto, no basta que predios privados estén regularmente protegidos por carabineros, durante las veinticuatro horas del día, con cargo a todos los chilenos, ahora se pide el control de caminos.
Finalmente, una exigencia que por las particularidades del trabajo temporal, las condiciones de alto nivel de pobreza de la región, resulta francamente ofensiva para los trabajadores, reclaman los empresarios, mayor flexibilidad laboral para la zona, igualando las leyes ojala a las de China, en especial eliminando trabas a los despidos y a las normas de seguridad excesivas. (Ver El Mercurio, Cuerpo B 9, 13 de enero de 2008).
Es decir, desde mediados de los noventa que el conflicto indígena se intensificó, los oídos del mundo empresarial y del sector conservador, han pasado por alto, las exigencias de lo que ellos llaman un pequeño sector insignificante, radicalizado y al que se le debieran aplicar las penas más duras que la legislación chilena establece.
Un Estado presionado de esta manera, difícilmente podrá lograr un acuerdo que deje medianamente conforme a las comunidades en conflicto, cargando además con el estigma, de un estudiante muerto y una adherente de la causa mapuche, como Patricia Troncoso, al borde de la muerte. Esos costos son asumidos de modo directo, por la presidenta Bachelet, a pesar de los blindajes comunicacionales tan comunes en la casa de gobierno.
Escrito para El Clarín de Chile, y publicado en Rebelion.org, extraído de Columna Negra.